Lo que se jugó la Unión Europea (UE) en la cumbre extraordinaria del miércoles 10 de abril de este año no fue sólo el Brexit; es decir, si debía salir el Reino Unido sin acuerdo dos días después o si era mejor un nuevo retraso. Pese a todo el dramatismo y gravedad de ese divorcio, aquella reunión del Consejo Europeo se enfrentó a un reto mucho trascendental: demostrar la solvencia de la unidad de la UE y su capacidad de ser un actor global en el futuro. Gran parte del problema del Brexit se reduce a la verificación de si el Reino Unido será más próspero –o no- fuera de la UE, pero los continuos retrasos de la salida contribuyen a sostener la incertidumbre. Si se cumplen las previsiones de los brexiteers, la unidad europea correrá un enorme riesgo y probablemente se rompa a medio o largo plazo; sin embargo, si el Reino Unido sufre su decadencia con más intensidad fuera del paraguas de Bruselas, la bandera azul de estrellas amarillas seguirá ondeando con fuerza.

Algunos pueden confiar en una situación de empate, pero éste lo será sólo en el corto plazo porque el tiempo se encargará de aclarar que no hay tablas en un asunto tan envenenado. Por su lado, la retórica hueca del “todos perdemos” resulta profundamente ingenua pese a encerrar algo de verdad. Ni todos vamos a perder en la misma cuantía, ni –menos aún- vamos a ganar todos por igual tras alcanzar el divorcio, incluso si es amistoso. El tema se presenta en términos mucho más crudos en un territorio de suma no nula: o el balance global de la separación es más ventajoso para la UE, o lo es para el Reino Unido y sus territorios dependientes de ultramar (entre éstos la colonia de Gibraltar, ya reconocida como tal por la Eurocámara). Y cualquiera de los resultados posibles depende del rumbo adoptado en la encrucijada de las múltiples alternativas que hay sobre la mesa.

El camino de las prórrogas es un campo minado para la UE y sorprende que el presidente del Consejo, Donald Tusk, propusiera una prórroga larga de un año como respuesta a la prórroga corta solicitada por la primera ministra Theresa May hasta el 30 de junio. Ya se le ofrecieron al Reino Unido las fechas del 12 de abril y del 22 de mayo para retrasar el Brexit. Con ello se evitaba la salida abrupta sin acuerdo que tendría que haberse hecho efectiva el pasado 29 de marzo, proporcionándole así un último balón de oxígeno a May para que el parlamento británico aprobara el acuerdo negociado con la UE. Pero ni consiguió la sanción de la Cámara de los Comunes, ni sostenerse como primera ministra. El alargamiento de plazos va a suponer todo un órdago a la unidad interna de la UE porque accediendo a ello se desacredita a sí misma. Olvidar con facilidad las propias líneas rojas que la UE se marcó y permitir a los británicos tener de nuevo representación en el Parlamento Europeo son focos seguros de problemas.

La prórroga concedida hasta finales de octubre ha reforzado la posición negociadora del Reino Unido que seguirá presente en las instituciones europeas aunque con la voluntad expresa de abandonarlas. En otras palabras: se ha concedido una ventaja palpable a cambio de una promesa. El presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker manifestó de forma tajante que el acuerdo negociado era el “único posible” pero éste ha sido rechazado por el parlamento británico una y otra vez. Nada va a cambiar antes de octubre, ni probablemente si la prórroga se alargase a un año en términos de aceptación británica del acuerdo de noviembre de 2018. Y, desde luego, la UE no puede desdecirse para rehacer el acuerdo con el fin de adaptarlo a la conveniencia de los supuestos intereses del Reino Unido. Su solidez quedaría más que en entredicho para los gobiernos que están observando desde el tendido con deseos de saltar al ruedo, incluso sin mucho apoyo popular para ello (léase Italia).

El Brexit es sin duda un drama, pero también es un secuestro de la UE por parte del Reino Unido y su controvertida política doméstica. Si el gobierno británico desea una nueva y cómoda prórroga no tiene más que revocar el artículo 50 del Tratado de la Unión, un puente de plata que le tendió el Tribunal de Justicia de la UE el pasado mes de diciembre. Con ello podrá disponer del tiempo que necesite para tomar una decisión ordenada, desde trabajarse con denuedo al parlamento británico para aceptar el acuerdo hasta convocar un segundo referéndum. Pero cualquier acción debe llevarse a cabo tras la “marcha atrás” del Reino Unido en su intención de abandonar la UE. Quizás podría ser equivalente la concesión de una prórroga bajo condiciones leoninas, aunque el nivel de riesgo para la UE sería mayor que con la mencionada revocación. Todo lo que no sea eso –la revocación o una durísima prórroga-  convierte a la salida sin acuerdo en una alternativa perfectamente aceptable aunque no sea la deseada. Una alternativa menos arriesgada que el descrédito de la UE.

Julio Ponce Alberca (Universidad de Sevilla)